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Boletín de noticias 10 de mayo de 2012
EL TIEMPO
SEIS AÑOS DESPUÉS, FALLO QUE PERMITE ABORTO EN TRES CASOS NO SE CUMPLE
Decisión de la Corte Constitucional sigue sin pasar a la práctica. Tribunal prepara pronunciamiento.
En seis años, desde que ese tribunal ordenó proteger el derecho de las mujeres a interrumpir el embarazo en casos de malformación del feto, riesgo para la vida de la madre o violación, las instituciones de salud han realizado apenas 1.102 de esos procedimientos.
A pesar de las órdenes de la Corte, ninguna autoridad tiene estadísticas de cuántas solicitudes se han radicado en Colombia desde el 2007.
La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres señala que aunque la sentencia (la 355 del 10 de mayo del 2006) es clara, las mujeres siguen encontrando trabas legales para interrumpir voluntariamente su embarazo en los casos despenalizados.
Esa ONG, que ha acompañado 360 casos, registra que solo seis de cada diez solicitudes ante el Sistema de Salud terminan en procedimientos quirúrgicos. Y en esos seis, siempre ha sido necesario interponer derechos de petición o tutelas.
"Ganamos el derecho pero sigue el proceso para que se haga efectivo", asegura Ariadna Tovar, del colectivo Womens Links Wordwide, que asesora a mujeres que se quieren practicar un aborto legal y que encuentran obstáculos en las EPS, hospitales o que son víctimas de señalamientos por intentar acogerse a la son estigmatizadas por la sociedad ante la decisión.
La situación de incumplimiento es tan grave que la Corte Constitucional prepara un nuevo pronunciamiento para recordarles a todas las instituciones relacionadas con el tema que cuando se cumplen las tres condiciones impuestas por el alto tribunal no existe posibilidad de que nieguen el derecho a abortar.
Los números, en todo caso, no coinciden. Según el Ministerio de Salud, en el 2010 solo 44 mujeres que denunciaron un abuso sexual se practicaron una interrupción voluntaria del embarazo. Pero ese mismo año Medicina Legal practicó 16.916 exámenes a víctimas de violación. Según denuncias de la Mesa de Trabajo, la negación al derecho de abortar en los casos despenalizados sigue dándose.
Caso de una menor violada
En un informe conocido por EL TIEMPO.COM, se documenta el caso de una niña de 12 años, hija de una familia desplazada de Buenaventura, que hace algunos meses fue raptada por hombres armados.
En una semana fue víctima de abusos y quedó en embarazo. Durante tres meses, su tía (la madre de la menor es habitante de la calle y enferma mental) ahorró para enviar a Bogotá a la niña para que su hermana mayor la llevara a que le practicaran una interrupción voluntaria del embarazo.
Autoridades de salud del Distrito se negaron a realizar el procedimiento y remitieron a la niña a un hogar del Icbf. Fue necesaria la intervención de la Defensoría del Pueblo para que se procediera al aborto, ya en condiciones más riesgosas para la salud de la niña.
En estos seis años, en el país se han realizado 251 abortos legales por la causal de violación. Otros 516, por grave malformación del feto y 178 por riesgo para la vida de la madre. Hubo otros 157 casos cuyas causas específicas no aparecen en los registros.
"Al menos cuatro de cada diez mujeres que reclaman su derecho no pueden ejercerlo -dice Paola Salgado, abogada de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres-. No sabemos si su decisión es acudir a otros medios para interumpir el embarazo (...) Todas estas mujeres estaban en algunas de las tres causales y sin embargo les negaron el procedimiento porque los prestadores de salud hacen una interpretación restrictiva de la orden de la Corte".
Por su parte, otros organismos se ha pronunciado sobre el tema. La Procuraduría, por ejemplo, le envió a la Corte Constitucional un informe sobre el tema, en el que aboga por la promoción de la maternidad, de la paternidad, del respeto a la vida del bebé antes de nacer y claridad en la aplicación de la objeción de ciencia. (Lea la posición de la Procuraduría sobre la interrupción del embarazo).
PROCURADURÍA PRESENTÓ SU BALANCE SOBRE SENTENCIA DEL ABORTO
Corte Constitucional analiza ese documento y el de otras entidades y luego entregará balance.
Promoción de la maternidad, de la paternidad, del respeto a la vida del bebé antes de nacer y claridad en la aplicación de la objeción de ciencia y una estricta reglamentación a la interrupción voluntaria del embarazo en los casos permitidos por la ley hacen parte de las acciones que ha puesto en marcha la Procuraduría sobre el tema.
Estas actividades están detalladas en un documento de 300 páginas que el Ministerio Público, que bajo la administración del procurador Alejandro Ordóñez ha sido un declarado opositor del aborto en todos los casos, entregó a la Corte Constitucional en cumplimiento de las órdenes que este tribunal impartió para dar cumplimiento a la sentencia que despenalizó el aborto en tres casos específicos (violación, malformación del feto y peligro de muerte de la madre).
La Corte analiza el informe de la Procuraduría junto con los reportes sobre el tema que han entregado también de la Defensoría del Pueblo y los ministerios de Salud (antes Protección Social) y Educación y en dos meses se espera que el tribunal entregue un balance sobre el cumplimiento de las órdenes que ha emitido.
Según el organismo de control, la vigilancia al cumplimiento de la sentencia ha sido ampliamente difundida en la revista "Procurando", que tiene un tiraje de 4.400 ejemplares y circula entre los funcionarios de esa entidad.
También se ha incluido desde el año 2009 en los informes de rendición de cuentas que hace el Procurador General y se mantienen en la página web de la Procuraduría.
Además, realizó 32 audiencias en todo el país con cada uno de los gobernadores para diagnosticar el problema con 10 indicadores específicos. Los resultados de esta actividad están por ser revelados, anunció el organismo de control.
Otro aspecto que destaca el informe es el acompañamiento que hace a dos proyectos de ley: uno sobre la reglamentación de la interrupción voluntaria del embarazo y otro para hacer efectivo el derecho y la protección de objeción de conciencia.
Incluso, relaciona los requerimientos que ha hecho para que se priorice la atención a los bebés "que han sobrevivido a procedimientos abortivos fallidos"; lo mismo que la advertencia para que no se publiquen abortos sin contar con el consentimiento de las gestantes, "así sean niñas o adolescentes, inclusive, en casos de riesgo para la vida y la salud de la madre".
En las campañas que han emprendido las instituciones de salud, la Procuraduría ha pedido que se incluya el derecho de los pacientes a conocer métodos alternativos a la interrupción del embarazo y los problemas médicos y psicológicos que se derivan de los procedimientos.
Finalmente le ha pedido a la Policía y a la Fiscalía que en sus campañas preventivas promuevan la maternidad, la paternidad, el respeto a la vida del bebé antes de nacer y la prioridad en atender las denuncias sobre las prácticas clandestinas del aborto.
CONSEJO DE ESTADO SE APARTA DE LA REFORMA DE LA JUSTICIA
Dice que los pactos que se hicieron en la junta de poderes no fueron cumplidos por el Congreso.
En una declaración sobre el proyecto de reforma constitucional a la justicia, la Sala Plena del Consejo de Estado manifestó que en la ponencia presentada para el sexto debate se vuelve a lesionar la independencia de la Justicia.
El alto tribunal consideró, en diez puntos, que algunas propuesta "vulneran la autonomía de la rama judicial y debilitan la justicia".
Para la Corporación, "atribuir funciones judiciales a abogados en ejercicio, en calidad de 'jueces adjuntos', (...) aplaza lo que debería ser una reforma estructural y definitiva de la Rama Judicial".
El Consejo de Estado se mostró además en contra de las medidas de presupuesto previstas para la justicia y cree que la Sala de Gobierno Judicial "no mejora el diseño constitucional actualmente vigente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura".
Remata diciendo que bajo esas circunstancias, "considera que no están dadas las condiciones para seguir dando curso a una modificación de la Constitución".
Declaración completa
La Sala Plena del Consejo de Estado en sesiones de los días 8 y 9 de mayo acordó hacer la siguiente declaración:
Como es conocido por la opinión pública, los presidentes de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, el Fiscal General de la Nación y los coordinadores ponentes del proyecto de reforma constitucional a la justicia acordaron el pasado 3 de mayo con el señor Presidente de la República, en un documento de diez puntos, que la reforma tendría como norte el fortalecimiento de la rama judicial, la descongestión de la justicia y la administración autónoma de la rama.
El Consejo de Estado, confiando en la seriedad de este compromiso suscrito por las más altas autoridades nacionales, esperó verlo fielmente materializado en el texto de la ponencia para segundo debate en el Senado -sexto debate del proyecto de reforma-. Sin embargo, la Corporación ha encontrado que el pliego de modificaciones, propuesto por los señores coordinadores ponentes del proyecto, se aparta en muchos de sus puntos de lo concertado y contradice las declaradas premisas de fortalecimiento y autonomía de la rama.
Son especial motivo de preocupación para el Consejo de Estado algunas propuestas que evidentemente vulneran la autonomía de la rama judicial y debilitan la justicia, tales como:
- La pretensión de atribuir funciones judiciales a abogados en ejercicio, en calidad de "jueces adjuntos", que pone en manos privadas y sin vínculos institucionales estables la administración de justicia, aplaza lo que debería ser una reforma estructural y definitiva de la Rama Judicial (artículo 2°).
- La nueva figura de "suspensión" de la investidura, hasta por un año, que desnaturaliza la pérdida de investidura de congresistas y resta eficacia a un instrumento de moralización política y de control ético que mucho ha contribuido a la defensa y fortalecimiento institucional del Congreso de la República (artículos 7° y 8°).
- Las medidas presupuestales previstas para la justicia, que apenas permiten la continuidad de un precario funcionamiento, y no contemplan las inversiones que serían necesarias para lograr una transformación histórica de este servicio fundamental (artículo 12).
- La presencia del Ejecutivo en el Sistema Nacional de la Administración Judicial a través de dos ministros (artículo 20).
- La excesiva y antitécnica atribución de funciones al Director Ejecutivo de Administración Judicial y su sometimiento a control político por parte del Congreso de la República, mediante citación a debate y moción de censura, que vulnera en forma ostensible los principios de separación de poderes y autonomía administrativa de la Rama Judicial (artículo 21).
- El esquema contenido en la ponencia sobre la Sala de Gobierno Judicial que además de ignorar el valor de sistema de carrera judicial, en nada mejora el diseño constitucional actualmente vigente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, organismo con el cual se logró la autonomía administrativa y presupuestal de la Rama.
- El levantamiento del conflicto de intereses para el desarrollo legal del presente Acto Legislativo, la introducción de ingredientes totalmente ajenos a la reforma a la justicia y el debilitamiento de los controles penales, disciplinarios y de pérdida de investidura de los congresistas vulneran igualmente la motivación inicial sobre la que se edificó la propuesta de modificación constitucional.
En estas circunstancias el Consejo de Estado considera que no están dadas las condiciones para seguir dando curso a una modificación de la Constitución que de aprobarse en los términos de dicha ponencia resultaría contraria a los objetivos del Estado Social de Derecho.
Bogotá D.C., 9 de mayo de 2012
PONENTES DE REFORMA ACUSAN AL CONSEJO DE ESTADO DE NO TENER SERIEDAD
Pidieron que nos los responsabilicen por los problemas internos del alto tribunal.
Un enérgico reclamo le hicieron este martes los ponentes de la reforma de la justicia al Consejo de Estado, tribunal al que señalaron de no tener seriedad para abordar esta iniciativa y al que le exigieron respeto por el Congreso.
Quien tomó la vocería fue el senador liberal Luis Fernando Velasco, quien recriminó fuertemente los señalamientos del Consejo de Estado en torno que los ponentes de la reforma judicial no respetaron los acuerdos a los que se llegaron para destrabar el trámite de la iniciativa.
"No es una afirmación seria porque en el articulado de la reforma de la justicia están definidos los acuerdos. (...) Ellos no pueden venir a tratar de responsabilizar a unos ponentes serios de sus problemas y conflictos internos", precisó Velasco.
A reglón seguido les dijo a los magistrados de esa alta corte que "respeten a los ponentes, porque aquí hay una legitimidad democrática que tienen que respetar. Los funcionarios del Estado nombrados tienen que respetar a los servidores públicos elegidos por el pueblo, y gústeles o no, este es el Congreso de Colombia".
La molestia se dio porque el Consejo de Estado abandonó el debate de la reforma de la justicia, argumentando, entre otras cosas, que no se respetaron en el Congreso los acuerdos logrados en la cumbre de poderes.
CONSEJO DE ESTADO EXPLICA POR QUÉ SE RETIRA DEL DEBATE DE LA REFORMA
Su presidente, Gustavo Gómez, dice que finalmente el proyecto lesiona la independencia de la Rama.
Una semana después del 'pacto de caballeros' entre Gobierno, ponentes en el Congreso y los presidentes de la Corte Suprema y del Consejo de Estado para sacar adelante la reforma de la justicia, este último tribunal anunció que vuelve a marginarse de los debates y que considera que el pacto ha empezado a resquebrajarse. En diálogo con EL TIEMPO.COM, el magistrado Gustavo Gómez, presidente del Consejo de Estado, da sus razones.
¿Cuál es la nueva posición que asume el Consejo de Estado frente a la reforma?
Que efectivamente se está lesionando la independencia y la autonomía judicial. Este último principio no se ve reflejado en los textos específicos de la ponencia.
¿Por qué este anuncio apenas una semana después del acuerdo entre poderes?
Cuando se hace un convenio, se corre el riesgo de que no se concrete en la práctica. Desconocemos el manejo del Estado en los niveles puramente políticos, que se suponen sometidos a muchas contingencias. La importancia que desde la Rama Judicial observamos en ese acuerdo del 3 de mayo es que todos los temas que no estaban directamente relacionados con los motivos iniciales de la reforma, pues, saldrían. Teníamos la expectativa de que la reforma solo se restringiera a los puntos de fortalecimiento del sistema de justicia de cara al ciudadano. Eso no ha pasado.
¿Qué temas de la ponencia no estaban en el acuerdo?
Queda claro que se intenta utilizar la reforma de la justicia para afectar el sistema de acusación penal, disciplinario y de pérdida de investidura de los congresistas. Se modifican elementos establecidos por el Constituyente de 1991 cuya modificación requiere un debate mucho más detenido y profundo. En lo que tiene que ver con la pérdida de investidura, el Consejo de Estado está de acuerdo con la doble instancia. Pero entrar a regular esa figura y amenazar con sanciones por demandas que no prosperen afecta el principio de la acción pública y les quita a los ciudadanos la posibilidad de ejercer control. Y algo muy grave: la ponencia agrega un parágrafo al artículo 197 de la Constitución (que habla de la reelección), en lo que puede obedecer a una falta de técnica legislativa o a un interés un poco esquivo, pero orientado a permitir una tercera reelección por un mecanismo muy sesgado
¿La reforma se podría caer en la Corte?
Eso es imposible de vaticinar, pero me parece que la reforma, en tanto afecta ejes fundamentales de las instituciones, tendría muchas dificultades porque el Constituyente del 91 concibió un Congreso sometido a unos controles muy estrictos, que salvaguarden la inteligencia y la textura propias del órgano que es sin duda el pulmón de la democracia. El presidente Santos se lo dijo a los legisladores: que piensen que van a hacer una reforma no para ellos, sino para el futuro del país.
Velasco pide respeto de corte
Tras las declaraciones del magistrado Gustavo Gómez, el senador Luis Fernando Velasco pidió ayer al Consejo de Estado que "respete" la labor de los ponentes del proyecto de reforma de la justicia, y que no culpe al Congreso "de sus problemas y conflictos internos".
CORTE NIEGA TUTELA INTERPUESTA POR EL FISCAL DEL CASO COLMENARES
Esto significa que Laura Moreno iría a juicio por un solo delito.
ElTIEMPO.COM conoció la decisión de la Corte Suprema de Justicia frente a la tutela interpuesta por el fiscal del caso Colmenares, Antonio González, que buscaba tumbar la medida del Tribunal Superior de Bogotá que eliminó un delito (falso testimonio) a Laura Moreno, investigada por la muerte de Luis Andrés Colmenares.
El magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Luis Guillermo Salazar Otero, determinó que la acción era improcedente. Y argumentó que la tutela no es una tercera instancia y que el fiscal, si recoge elementos probatorios, puede volver a formular los cargos que pueda sustentar. Por ahora, Laura sería acusada solo por coautoría impropia en homicidio agravado.
El fiscal González, a través de la tutela, insistía en que el Tribunal Superior de Bogotá se extralimitó en su competencia, debido a que, según él, "anuló un acto procesal de facto como es la acusación y la imputación".
Para González sí procede el delito de falso testimonio porque, según él, Laura Moreno ha tenido contradicciones en sus declaraciones.
Entre tanto, a Jessy Quintero, la otra joven implicada en el caso, se le procesará por los delitos de falso testimonio y encubrimiento. Con la decisión del Alto Tribunal, el próximo lunes (14 de mayo) continuará en el complejo judicial de Paloquemao, la audiencia preparatoria contra Moreno y Quintero.
Fiscal Montealegre pone 'lupa' a caso Colmenares
ELTIEMPO.COM conoció que el Fiscal Eduardo Montealegre nombrará una comisión de fiscales para que examine todas las actuaciones que se han dado dentro del proceso para que, de considerarlo necesario, se replantee la tesis del caso.
En la cúpula de la Fiscalía hay preocupación por el manejo que ha tenido la investigación por la muerte de Luis Andrés Colmenares.
SE ABRE DEBATE SOBRE INDULTO CONDICIONAL A DELITOS DE LESA HUMANIDAD
Fiscal Eduardo Montealegre dice que esa alternativa debería existir en un eventual proceso de paz.
El fiscal General, Eduardo Montealegre, abrió este miércoles el debate sobre la posibilidad de otorgarle al Presidente de la República, en el marco de un eventual proceso de paz, de entregar amnistías o indultos condicionados, incluso a personas condenadas por delitos de lesa humanidad.
"Tiene que pensarse en la posibilidad de que al momento de finalizarse un proceso de paz, debe pensar el país seriamente en la posibilidad de amnistías e indultos condicionados, inclusive frente a graves violaciones de los derechos humanos", precisó el Fiscal.
El funcionario aseguró que para eso se debe modificar el significado de amnistía en la Constitución, porque actualmente "está atado al concepto de delito político y eso se quedó estrecho frente a la realidad colombiana".
Montealegre propuso que "se introduzca en la Constitución la posibilidad de las amnistías condicionadas, es decir amnistías en las cuales, así exista una extinción de la acción penal para la guerrilla o para los actores del conflicto, se trate de que permitan conocer la verdad de los hechos y obviamente la reparación".
Aseguró que "puede existir exoneración de la acción penal, pero nunca puede dejarse de reconstruir históricamente los hechos y garantizar la reparación".
El Fiscal General también salió en defensa del marco jurídico para la paz que está pendiente de sexto debate en la Cámara, y le pidió al Congreso no perder una oportunidad histórica de tener ese tipo de justicia transcicional en la Constitución.
"El país no puede perder la oportunidad de construir un marco para un eventual proceso de paz, sería lamentable que el Congreso no aprobara el proyecto de reforma constitucional que hace curso porque el país debe preparar un marco jurídico para eventuales procesos de paz, que obviamente serán decididos por el Presidente de la República", precisó el Fiscal.
Montealegre agregó que "debe existir un marco diferenciado para la guerrilla, para los paramilitares y para la Fuerza Pública. No podemos, al momento de un proceso de justicia transcicional, darle el mismo tratamiento igualitario a la Fuerza Pública, a la guerrilla o a los paramilitares".
Los pronunciamientos se dieron tras el lanzamiento de una propuesta para "humanizar el conflicto", que lideró el expresidente Ernesto Samper.
La propuesta en Samper consiste en que los grupos ilegales y el Gobierno suscriban un acuerdo que gire en torno a: sacar a los niños de la guerra; acabar con el secuestro y la desaparición forzada; terminar con los bombardeos militares contra objetivos en los que haya civiles; y acabar con las minas antipersonales.
'EPS Y FISCALÍA, CON ARGUMENTOS IGUALES PARA DESVIRTUAR A CONTRALORÍA'
La contralora general de la República, Sandra Morelli, es bogotana y tiene 45 años.
Contralora Morelli denuncia que hay una "actitud sospechosa" para atacar denuncias por corrupción.
La contralora General, Sandra Morelli, denunció este martes en el Senado que existe una "identidad francamente sospechosa" entre los argumentos que los abogados de las EPS y los funcionarios de la Fiscalía utilizan para desacreditar las denuncias por corrupción en el sector salud que ha hecho su organismo.
"Esa tendencia de descalificar de manera generalizada la actividad fiscalizadora de la Contraloría, nos parece mal sana, y en casos concretos con una identidad francamente sospechosa de argumentaciones entre autoridades y abogados defensores para casos concretos", aseguró Morelli.
La funcionaria agregó que los funcionarios de la Fiscalía que llevan los procesos de corrupción en el sector salud llegaron a una "situación crítica de que no solo se limitan a no actuar, sino incluso a descalificar el acervo probatorio con base en el cual nosotros tomamos decisiones".
"Nos llama la atención la identidad de planteamientos hechos por los funcionarios de la Fiscalía, con las estrategias de defensa de los abogados defensores de las EPS", agregó la Contralora.
Morelli también reiteró que el superintendente de Salud, Conrado Gómez, la llamó en una ocasión y "me pidió cita para decirme que iba a devolver Salucoop", una de las EPS que se intervinieron por los casos de posibles corrupción que se destaparon en el sector salud.
Aunque dijo que Gómez "puede devolverla porque es el administrador", la Contralora le criticó que "las intervenciones no se hacen para que duren 1, 5 o 18 años, sino para superar la situación que genera la intervención o para liquidar".
Morelli advirtió que "esas intervenciones excesivamente prolongadas en el tiempo, en el sector salud, en el sector financiero y en cualquier otro, lo que hacen es volver al Estado responsable de una situación de mala administración que crearon los dueños, en este caso los administradores de la respectiva empresa".
La Contralora General recordó que el escándalo de corrupción en el sector salud llevó al país a que "estamos ante una situación absurda en la que, al menos en la auditoría que hicimos a 1 billón y medio de pesos, pudimos establecer, con toda certeza, un desvío de 1 billón 140 mil millones de pesos".
Sandra Morelli acudió a la plenaria del Senado a rendir un informe sobre las investigaciones en el sector salud, que fue solicitado por el presidente del congreso, Juan Manuel Corzo, quien hizo un llamado al Gobierno "para que se tape el boquete" que se abrió con todas las irregularidades que se han hallado.
LOS DOS PUNTOS POLÉMICOS DE LA REFORMA DE LA JUSTICIA
Ningún congresista debería declararse impedido para votar proyectos sobre sistema judicial.
Con dos puntos polémicos empezará la discusión en sexto debate en la plenaria del Senado de la reforma de la justicia.
El primero tiene que ver con la posibilidad de que ningún congresista, así esté siendo investigado, tenga que declararse impedido para discutir y votar los proyectos de ley con los que se reforma el sistema judicial del país, y el segundo, con la posibilidad de que se incluya en el articulado la ampliación del periodo de magistrados de las altas cortes en ejercicio.
El primer punto significaría que los congresistas con investigaciones por 'parapolítica' o por el escándalo de la Dirección de Estupefacientes, entre otros, no se verán obligados a declararse impedidos para tramitar las leyes que desarrollen la reforma judicial, lo cual, según varios congresistas, "es legislar en causa propia".
El primero en prender las alarmas fue el senador del Polo Luis Carlos Avellaneda, quien aseguró que "no habrá lugar a impedimentos y, en consecuencia, la gente podrá votar proyectos de ley, así vaya a votar para beneficio propio". Esta misma postura la compartió el presidente del Senado, el conservador Juan Manuel Corzo, quien dijo que "si uno es investigado, se debe apartar de la discusión y votación, y más cuando se trata de un desarrollo legal".
Incluso, uno de los ponentes, el senador Juan Carlos Vélez, reconoció que "estaría de acuerdo en retirar este artículo, porque se puede configurar un conflicto para beneficiar a un parlamentario". Su colega de 'la U' Armando Benedetti fue más directo: "Esto daría pie para que la gente legisle en causa propia".
Solo el conservador Eduardo Enríquez Maya defendió el artículo:
"Una reforma o un proyecto está por encima de cualquier interés personal".
En el 2010, el Congreso aprobó una reforma constitucional para que los legisladores no se tengan que declarar impedidos, en ninguna circunstancia, para tramitar enmiendas de la Constitución.
Pero este no será el único asunto espinoso en el debate previsto para iniciarse hoy. EL TIEMPO.COM confirmó que uno de los temas que se buscarán incluir es la ampliación de 8 a 12 años del periodo de los actuales magistrados de las altas cortes. Maya le dijo a este diario que "si se presenta esa proposición, por supuesto que la apoyaríamos". La ponencia para sexto debate no tuvo mayores cambios respecto a lo publicado ayer por EL TIEMPO.COM.
'NO HAY FALSEDADES EN LAS ACTAS', DICE SECRETARIA DE LA JUDICATURA
Yira Lucía Olarte, la secretaria de la Sala Disciplinaria de la Judicatura, la primera implicada en el escándalo por nombramientos en ese tribunal, aseguró ayer que fue "objeto de una falsa denuncia". "Se cometió un error de transcripción en las actas, pero los actos administrativos que se derivaron de ellas fueron firmados y ejecutados debidamente", dijo, y afirmó que la magistrada auxiliar Luz Elena Aranceti, quien labora en el despacho de María Mercedes López, fue presionada para que declarara en su contra: "Me advirtió que, así la echaran, no iba a declarar en contra mía".
EL ESPECTADOR
GOBIERNO, EN CONTRA DE PROYECTO DE ALIMENTACIÓN BALANCEADA COMO DERECHO FUNDAMENTAL
El ministro Juan Carlos Esguerra calificó de "adefesio" la iniciativa promovida por el Polo.
El ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra.
El Gobierno Nacional mostró desde ahora su férrea oposición al proyecto de acto legislativo que pretende incluir en la Constitución como derecho fundamental la alimentación balanceada para todos los colombianos.
El ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, le dijo a la plenaria del Senado -donde es discutido el proyecto- que la aprobación de éste sería una "bomba atómica y significaría el despiporre de las arcas del Estado".
"No existe país del mundo donde esto funcione así. Elevar esto a la Constitución dentro de los derechos fundamentales, que el Estado garantice alimentación balanceada a todos los colombianos y hacerlo efectivo por la vía de la tutela es impensable e irrealizable", señaló el alto funcionario.
Según él, "esto podría pedirse en una carta al Niño Dios, pero hacerlo realidad por la vía de la Constitución es imposible de ponerlo en práctica".
El proyecto, que busca consagrar el derecho a no padecer hambre, está para segundo debate en la Plenaria del Senado, y su votación fue aplazada tras no alcanzar la votación requerida para avanzar en su trámite, luego del llamado de atención de Esguerra para que los senadores analizaran con mayor detenimiento el tema.
El Polo Democrático Alternativo prometió explicar por qué Juan C. Esguerra es el ministro de la injusticia y no de la justicia.
Se espera que este jueves vuelva a ser sometido a votación el proyecto en el Senado.
CORTE DEJA EN FIRME ARTÍCULOS QUE CONTROLAN EXPLOTACIÓN ILÍCITA DE MINERALES
Con esto se prohíbe el uso de dragas, minidragas y otros mecanismos en las actividades mineras que no tengan título.
La Corte Constitucional declaró ajustada a la ley el artículo 106 y 276 del Plan Nacional de Desarrollo (1450 de 2011) con los cuales se autorizan los controles de la explotación ilícita de minerales en todo el territorio nacional.
En su decisión, el alto tribunal determinó que no es necesaria la consulta previa a minorías étnicas para imponer las reglas del juego en materia de explotación de minerales.
Ante esto se prohíbe en todo el territorio nacional, la utilización de dragas, minidragas, retroexcavadoras y demás equipos mecánicos en las actividades mineras sin título minero inscrito en el Registro Minero Nacional.
El incumplimiento de esta prohibición, además de la acción penal correspondiente y sin perjuicio de otras medidas sancionatorias, dará lugar al decomiso de dichos bienes y a la imposición de una multa hasta de mil salarios mínimos legales mensuales vigentes, que impondrá la autoridad policiva correspondiente. El Gobierno Nacional reglamentará la materia.
Con esta decisión, el Gobierno Nacional reorganizará los municipios verdaderamente explotadores de oro y tomará medidas para aquellos municipios que usurpan y cobran por conceptos de regalías en esta materia sin tener derechos por este concepto; igualmente aquellos excedentes que se demuestren del resultado del uso indebido de estas regalías serán utilizadas como indexación e indemnización a los municipios afectados por la minería ilegal de acuerdo a la reglamentación que para tal efecto expida el Gobierno Nacional.
CORTE PIDE INVESTIGAR DESACATO DE CONTRALORA GENERAL A FALLO CONSTITUCIONAL
Con esto se pudo incurrir en el pago irregular de 30 funcionarios por un valor superior 4.800 millones de pesos en los últimos 13 meses.
La Corte Constitucional le solicitó a la Procuraduría General que investigue las presuntas omisiones en las que pudo haber incurrido la contralora General, Sandra Morelli, por su presunta responsabilidad en el desacato de un fallo sobre el nombramiento de directores.
En este sentido, el alto tribunal busca que se establezca si se presentaron irregularidades en la ejecución del fallo que hacía referencia a la ley estatutaria para la contratación de funconarios de libre nombramiento y remoción.
Según el presidente de la Red de Veedurías, Pablo Bustos, la Contralora General pudo incurrir en una omisión de sus funciones al no cumplir el fallo emitido en abril de 2011 y con el cual se fijaban limites sobre los nombramientos.
“Ha omitido el cumplimiento de este fallo de designar mediante el sistema de concurso para la vinculación a la carrera administrativa dentro de la Contraloría General cerca de 30 funcionarios designados para el cargo de directores de vigilancia fiscal”, precisó Bustos.
Ante esto, dijo, el organismo fiscal habría pagado de manera irregular sueldos por un valor superior a los 4.800 millones de pesos a un grupo de funcionarios encargados de la vigilancia administrativa, control ejecutivo y otras funciones dentro de la Contraloría.
“Habría incurrido tanto en falta disciplinaria como en una posible hecho punible el presunto fraude a un resolución judicial toda vez que no dio cumplimento a una sentencia vinculante de la Corte Constitucional”, sostuvo el presidente de la Red de Veedurías.
CONSEJO DE ESTADO CONFIRMÓ SU RETIRO DEFINITIVO DEL DEBATE A LA REFORMA A LA JUSTICIA
Consideraron que nuevamente sus observaciones sobre el proyecto fueron ignoradas en la presentación de la ponencia.
Después de dos días de estudio y análisis, la Sala Plena del Consejo de Estado determinó abandonar de manera definitiva su participación en el debate del proyecto constitucional de reforma a la justicia que actualmente se adelanta en el Congreso de la República.
Según el presidente del Consejo de Estado, Gustavo Gómez Aranguren, la decisión se tomó pues se toparon con la sorpresa de que los puntos debatidos en una reunión celebrada el pasado 3 de mayo en la que participaron el presidente de la República, el Ministro de Defensa, el Fiscal General y los presidentes de las altas corts no fueron tenidos en cuenta en la presentación de la segunda ponencia.
“La Corporación ha encontrado que el pliego de modificaciones, propuesto por los señores coordinadores ponentes del proyecto, se aparta en muchos de sus puntos de lo concertado y contradice las declaradas premisas de fortalecimiento y autonomía de la rama”, precisó el magistrado.
En este sentido señaló que en dicho debate se presentó ante la opinión pública un comunicado de 10 puntos en el que se manifestaban puntos referentes sobre el fortalecimiento de la rama judicial, la descongestión de la justicia y la administración autónoma de la rama, sin embargo todo lo debatido en dicho encuentro fue ignorado por parte de los representantes del debate.
“El Consejo de Estado, confiando en la seriedad de este compromiso suscrito por las más altas autoridades nacionales, esperó verlo fielmente materializado en el texto de la ponencia para segundo debate en el Senado, sexto debate del proyecto de reforma”, aclaró.
NUEVA EPS, HUMANA VIVIR Y SALUD TOTAL, LAS EPS MÁS DEMANDADAS
Durante 2011 la Personería de Bogotá elaboró 10.037 acciones de tutela, incluidas 252 impugnaciones y 984 desacatos; es decir 27,49 por día. De ellas, 6.462 (64,38%) se redactaron para proteger los derechos a la salud, la vida y la seguridad social de los capitalinos.
Según el personero de Bogotá, Ricardo Cañón, el año pasado las otras garantías fundamentales más vulneradas fueron: derecho de petición con 2.339 tutelas, incluidas 26 impugnaciones y 180 incidentes de desacato; debido proceso con 365; educación con 146; Habeas Data con 47; vivienda con 30; libertad con una; derecho de asociación y reunión con 13, y otros derechos con 47.
Durante los primeros tres meses de 2012 se elaboraron 2.132 tutelas, entre ellas 42 impugnaciones y 169 desacatos. Un total de 1.428 acciones, es decir 69,9 %, se relacionaron con la vida, la salud y la seguridad social.
En lo corrido de este año los otros derechos que más se han entutelado son: derecho de petición (557); debido proceso (71); educación (55); Habeas Data (43); vivienda (8), y otros derechos (9).
Las más entuteladas
En el año 2011, las EPS contra las cuales la Personería realizó mayor número de tutelas fueron: Nueva EPS (antiguo ISS) 476; Humana Vivir 298; Salud Total 285; Famisanar 163; Solsalud 140; Colsubsidio 112; Caprecom 106, y Cruz Blanca 104. Le siguen Saludcoop 85, Cafesalud 76, Salud Cóndor 53, Ecopsos 53, Sánitas 53, Coomeva 46, Colpatria 32, Colmédica 28, Unicar 26, Comvida 26, Confenalco 25 y Cafam 20.
El año pasado en sólo las EPS del régimen contributivo la ‘líder’ fue la Nueva EPS con 476 tutelas, le siguen Salud Total 172, Famisanar (conformada por Cafam y Colsusidio) 163, Compensar 112, Cruz Blanca 104 y Humana Vivir 90. Después están Saludcoop 85, Cafesalud 76, Sánitas 53, Solsalud 50 y Caprecom 47.
Entre tanto, en las de régimen subsidiado la primera es Humana Vivir con 208, luego están Salud Total 113, Colsubsidio 112, Solsalud 90, Caprecom 59, Ecopsos 53, Salud Cóndor 32, Unicaja 26, Cafam 20, Coosalud 19 y Comparta 18.
Mientras tanto, en los primeros tres meses del presente año la Personería elaboró 111 tutelas contra la Nueva EPS, 93 contra Humana Vivir, 85 Salud Total, 54 Famisanar, 37 Solsalud, 32 Caprecom, 32 Cruz Blanca, Saludcoop 24, Compensar 21, Ecopsos 15, Cafesalud 14 y Salud Cóndor 13.
En régimen contributivo, en el 2012 la EPS más tutelada es la Nueva EPS con 111; le siguen Famisanar, 54; Salud Total, 44; Cruz Blanca, 32; Humana Vivir 24, y Saludcoop, 24. De las subsidiadas, Humana Vivir 69, Salud Total 41, Solsalud 28, Colsubsidio 28 y Caprecom 23.
Causas de las tutelas
La primera causa de vulneración del derecho a la salud es la negativa de las Empresas Prestadoras de Salud (EPS) a entregar medicamentos o realizar procedimientos y tratamientos no POS con 1.694 escritos.
La segunda causa es la mora o mala prestación del servicio por parte de las EPS que ameritaron 868 actuaciones, 822 tutelas, 15 impugnaciones y 31 desacatos, pues las empresas se niegan a reconocer la negligencia y mala atención del servicio que prestan.
El tercer motivo para la presentación de las tutelas es la negativa de las EPS a brindar tratamientos, medicamentos o procedimientos por falta de semanas cotizadas del afiliado, o los prestan previo pago de cuotas moderadoras o copagos. Sobre este tema se elaboraron 735 tutelas, 25 impugnaciones y 35 desacatos.
El cuarto factor es el número de personas que aparecen con multiafiliación y por eso no reciben el servicio, situación que originó la elaboración de 121 tutelas, tres impugnaciones y cuatro desacatos. Por el derecho al diagnóstico, integridad física (prótesis), retención arbitraria del enfermo en el centro hospitalario, fueron 91 tutelas, ocho impugnaciones y cuatro desacatos.
El derecho a la libre escogencia de una EPS ameritó 90 tutelas y dos desacatos. La falta de cobertura en salud 44 acciones constitucionales, y ante la negativa a institucionalizar a los pacientes (hospitalización) se presentaron 45 tutelas.
Durante los primeros tres meses del presente año la situación no fue distinta. De 2.132 tutelas, incluidas 42 impugnaciones y 169 desacatos, 1.428 (66,9%), fueron en materia de salud y seguridad social.
IVA EXTENDIDO: DULCE ENVENENADO
Por: Rodolfo Arango
Se filtró parte de la reforma tributaria que prepara el Gobierno. Dos medidas vinieron a conocerse.
La extensión del impuesto al valor agregado (IVA) a todos los bienes, incluso de la canasta familiar hoy exentos del pago de este impuesto, y la reducción del gravamen sobre la renta. La reforma afecta a los pobres y beneficia a los ricos, para hablar en el simplista lenguaje de Petro y Santos, concurrentes en el populismo que ahora se impone en la política nacional.
La intención del Gobierno es clara. Así prometan a los pobres devolverles doblado y hasta triplicado el dinero pagado en IVA por la papita, el huesito, la cebolla y el tomate, los tecnócratas del Gobierno no son transparentes respecto a dos fines ulteriormente buscados: la formalización de trabajadores y consumidores informales por vía de su ‘bancarización’ y el financiamiento parcial de los gastos públicos con los recursos que los pobres (el 45% de la población) tienen para sobrevivir.
Conocido es el propósito del ministro Echeverry de ampliar la base de ciudadanos que contribuya a financiar los gastos del Estado. No debemos desconocer que se trata de un fin loable. ¿A quién no le gustaría que todos los ciudadanos apoyen solidariamente el funcionamiento del Estado social de derecho? Pero el medio escogido para ello —la extensión del IVA a todos los productos de la canasta familiar y su devolución posterior triplicada— se ofrece antojadizo y arbitrario. ¿A dónde se haría la devolución si no a una cuenta bancaria cuyos titulares sean los contribuyentes exentos del pago? El dulce envenenado detrás de la medida es doblemente arbitrario: la inclusión forzosa de los pobres al sector financiero y el préstamo obligado de recursos básicos al Gobierno con incierto retorno, así sea triplicado.
Ya en el pasado, el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, en el gobierno Uribe, había intentado pasar la medida del IVA extendido a los productos de la canasta familiar. La Corte Constitucional, no obstante, abortó la medida con fundamento, entre otros, en el derecho al mínimo vital y en el efecto regresivo de la medida. Hoy el ministro Echeverry revive la propuesta y advierte que va más allá de lo exigido por la Corte. Pero como todo en la vida, el diablo está en los detalles. Nada dice el ministro de cómo se realizará la devolución del IVA a la población exenta, pero bien conocido es el propósito gubernamental de formalización mediante la bancarización.
Mientras la escena del IVA extendido transcurre, los impuestos a la renta son disminuidos para beneficiar a los mejor situados. En su búsqueda de atraer la inversión al país, el Gobierno cae bajo el chantaje de los inversionistas nacionales y extranjeros que amenazan con llevarse sus recursos al exterior si no son favorecidos por el menor pago de impuestos. ¿Por qué más bien el Gobierno no promueve la unidad tributaria en el continente para así evitar el chantaje de los inversionistas? ¿Por qué no iniciar una contraofensiva a la voracidad de los capitales transnacionales y mediante cooperación internacional establecer un límite colectivo a una globalización económica sin Dios ni ley? Tanto pragmatismo en el Gobierno no permite defender los intereses nacionales y mucho menos favorecer a los más desfavorecidos.
DEL DERECHO AL HECHO
Por: Catalina Ruiz-Navarro
Yolanda quedó embarazada por cuarta vez y en la ecografía notaron que el feto tenía una malformación llamada anencefalia, que impide que se desarrolle el cerebro.
Yolanda solicitó la interrupción de su embarazo en el hospital Eduardo Meoz de Cúcuta, pero el médico que la atendió declaró objeción de conciencia. Para cuando el caso llegó a la Corte Constitucional, su embarazo ya tenía 32 semanas. A Yolanda le realizaron una cesárea de urgencia y el bebé falleció a los cinco minutos del nacimiento.
Ana tenía Síndrome de Pradder Willy, lo que limitaba su capacidad mental a la de una niña de cuatro años. Sin que nadie supiera cómo, Ana quedó embarazada. Al notarlo, su madre la llevó a la EPS Cosmitet Ltda., para que le realizaran una IVE, pero allí el médico que la atendió decidió que no había manera de demostrar que Ana había sido víctima de una violación. El juez en primera instancia negó la tutela que interpuso su madre y el juez en segunda instancia volvió a negara, pues ya estaba demasiado avanzado el embarazo, que Ana tuvo que llevar, contra su voluntad, hasta los nueve meses.
A Mariana la violaron en Cali y se acercó a un hospital a practicarse una IVE que entre otras cosas le realizaron en la misma habitación donde otra mujer estaba teniendo un parto. Al terminar el aborto, la enfermera le dejó el tejido del feto en la mesita de noche del hospital y le dijo: “Ahí verá qué hace con eso”.
Hoy se cumplen seis años de la Sentencia C-355/06, que afirma el aborto como un derecho para las colombianas y reconoce que no somos máquinas para producir gente, sino gente, una obviedad que históricamente ha pasado desapercibida por muchas culturas que entienden a las mujeres como medio y no como fin.
Pero registrar esto en un papel no es suficiente. La implementación de la Sentencia ha sido difícil, al punto que muchas mujeres se ven maltratadas, estigmatizadas y revictimizadas a diario, en muchos casos por los profesionales encargados de atenderlas: médicos que se niegan a realizar un aborto que más que legal es humanitario, y que no las remiten a colegas de convicciones menos crueles, y jueces que por creer en Dios asumen que pueden usurpar las funciones de una divinidad, y deciden destinos que no les pertenecen a ellos sino a las mujeres.
La Sentencia también ha tenido por opositores incluso a quienes, por su cargo, deben garantizar esos mismos derechos, como el procurador Alejandro Ordóñez, y ha sido debatida encarnizadamente entre hombres, curas y congresistas, que reclaman úteros obedientes a padres, maridos, Dios y el Estado, olvidando que esos úteros son parte de un organismo, que más que organismo es persona, que piensa y que contesta, y puede decir no. El aniversario de la sentencia también coincide con hostigamientos a quienes defienden los derechos de las mujeres, acciones violentas que amedrentan y distraen, y que más que un ataque particular son una zancadilla a la autonomía y el libre albedrío de los colombianos.
Uno querría que los casos de Yolanda, Ana y Mariana fueran incidentes aislados, pero han pasado muchas veces y con muchos nombres y obligan a las mujeres a buscar una clandestinidad peligrosa y ante todo innecesaria, pues más allá de una discusión moral —que pertenece al ámbito personal—, el aborto es un derecho, ganado justamente, y cuyo principal requisito es el respeto a la Constitución y a las mujeres.
COMUNIDAD Y DESARROLLO
Por: Uriel Ortiz Soto
Si queremos que las Instituciones Democráticas y Administrativas, y en general todo el engranaje de nuestro Estado de Derecho, funcione correctamente, no nos debe dar miedo pedir una Reforma a fondo del Congreso de la República, que, es donde se cocinan todo tipo de delitos contra la Administración Pública.
Lamentablemente, es el órgano legislativo más cuestionado, y sin embargo, el encargado de dictar las Leyes, que, regulan el diario convivir de la Nación.
Es claro que una reforma de esta magnitud, no la aceptarían los Señores Congresistas, puesto que iría en contra de sus propios intereses. Para que esto ocurra, indudablemente que hay que acudir al Constituyente Primario, que sea él, quién mediante convocatoria popular de un Referendo, se pronuncie en las urnas sobre el modelo de Congreso que queremos. Si bien es cierto que la Reforma a la Justicia, es de su competencia, también lo es, que dicha Corporación Legislativa, no está exenta de una cantidad de intereses, que, lo mantienen en la mira, especialmente de quienes ostentan como Magistrados de las Altas Cortes, u otros cargos del alto Gobierno.
Considero que mientras los máximos organismos judiciales, - sobre los cuales recae la delicada misión de administrar pronta y cumplida justicia-, sean entes que estén bajo la nominación de las máximas Corporaciones Legislativas, jamás podrán actuar con independencia. Los hechos ocurridos en los últimos años, nos están dando la razón: Micos que en un abrir y cerrar de ojos se convierten en orangutanes, como el que le pretenden colgar al proyecto de Reforma a la Justicia, para la reelección del expresidente Uribe; Parapolítca, farcpolítica, Estupefacientes, con buena parte de congresistas en las cárceles y cientos en la antesala de la prisión; la salud de los Colombianos totalmente saqueada, y en fin, toda una parafernalia de delitos de toda índole, que ya nos tienen al borde del abismo.
Hemos visto cómo, en el trámite Legislativo de Reforma a la Justicia, se presentan y se seguirán presentando dificultades, debido al maridaje que existe entre los tres Poderes Públicos, que si bien, como lo señala la Carta Constitucional, tienen funciones separadas, pero “colaborarán armónicamente en el desempeño de sus funciones” no quiere decir, que se entrelacen en un intríngulis Jurídico – Administrativo, de nunca acabar. Todos hemos presenciado con horror el llamado choque de trenes entre los tres Poderes Públicos, que lamentablemente están regulados y controlados por el Congreso de la República. Es claro, que, entre una y otra Rama, existen intereses de quienes las ostentan, y muchas veces oscuras intenciones, para favorecer acciones nada santas de quienes ejercen funciones del orden Nacional, Departamental y Municipal.
Soy de los que cree que la Reforma a la Justicia, en los actuales momentos, no debe estar en manos del Congreso de la República, por la sencilla razón, que no tiene autoridad moral para señalar a los ciudadanos, el camino adecuado para crear escenarios que permitan una administración de justicia con prontitud, independencia y transparencia. Pretender que Institución Democrática tan cuestionada, venga a dictarnos cátedras de moral y la forma de administrar justicia, es pecar hasta de ingenuos, y no entender que cuando el agua viene sucia desde la cimiente, va dejando en su recorrido toda una gama de impurezas que al llegar finalmente al organismo surtidor, produce en los consumidores, toda una parálisis de funcionalidad o la muerte de quienes de muy buena fe la han utilizado.
¿Pero cómo podría ser ese modelo de Congreso que añoramos?
1º- Abogar por un Congreso Unicameral, y que se reduzca el número de congresistas a menos de la mitad, pero con representación de todas las Regiones.
2º- Que nadie pueda ser reelegido congresista, por máximo una sola vez.
3º- Que las dietas y honorarios sean únicamente por sesiones de Constitucionalidad y convocatorias extraordinarias, pero con plena justificación.
4º- Que se cree el Tribunal de ética del Congresista, - independiente del Congreso-, con el fin de vigilar el buen desempeño de sus funciones, o promover la revocatoria de su investidura, en caso de incumplimiento de sus labores.
5º- Que los partidos políticos, estén desparlamentarizados y sean responsables por el aval que otorguen a los aspirantes al Congreso, su pena de recibir fuertes sanciones, en caso que el aforado resulte con problemas de incompetencia.
6º- Que las dietas parlamentarias, sean proporcionales a su asistencia y proyectos de Ley aprobados.
7º- Que los aspirantes, antes de ser avalados, presenten al directorio o movimiento político el proyecto legislativo que pretenden desarrollar como Legisladores.
8º- Que las UTL, sean reducidas a tres asistentes por Congresista.
9º- Que las pensiones de jubilación de los Congresistas, estén reguladas por un tope máximo, si es que a su retiro reúnen los requisitos para adquirirla.
10º- Que nadie pueda aspirar a Congresista, cuando haya incurrido en sanciones disciplinarias promovidas y ejecutadas por los Organismos de Control y la Fiscalía.
Como sé que una sola golondrina no hace verano, pongo a consideración de los reformistas del Congreso de la República, estas humildes ideas, que aunque parezcan descabelladas e injenuas son el fiel reflejo de lo que está ocurriendo en la máxima Corporación Legislativa de nuestro País. Para peor desgracia, gran parte de las Asambleas Departamentales y Concejos Municipales, también padecen de los mismos males, que sin lugar a dudas deben ser sometidos al mismo rigor de reforma.
¡Qué vergüenza! Pero, la solución está en nuestras manos.
REVISTA SEMANA
AL CONSEJO DE ESTADO LE FALTA SERIEDAD": CONGRESO
Luis Fernando Velasco, presidente de la Comisión primera del Senado
Esa fue la reacción de los voceros del Senado para la reforma a la justicia, al señalar que "nunca rompieron" el acuerdo al que llegaron los poderes del Estado. El Gobierno no se pronuncia.
Miércoles 9 Mayo 2012"Tengo que hablar duro. No me parece serio que los problemas internos del Consejo de Estado se los quiera trasladar al Congreso". Esa fue la primera reacción del presidente de la Comisión Primera del Senado, Luis Fernando Velasco (Partido Liberal), a la decisión del Consejo de Estado de retirar, por tercera vez en un año, el respaldo a la reforma a la Justicia.
Según el Consejo de Estado, la ponencia para sexto debate de la reforma a la Justicia "se aparta" de los contenidos concertados en la Cumbre de Poderes del 3 de mayo, "y contradice las declaradas premisas de fortalecimiento y autonomía de la rama".
Velasco, quien estaba empeñado en el regreso de las altas Cortes al debate, controvierte el comunicado del Consejo de Estado y dice que quien está incumpliendo los acuerdos son los magistrados.
Si el presidente del Consejo de Estado, que se sentó en la Cumbre de poderes, "no conoce lo que se debatió, con mucho gusto le explicamos cómo quedó plasmado en la ponencia", dijo Velasco.
El congresista, quien ofició como vocero de los ponentes de la reforma, decidió sacarle un memorial al Consejo de Estado y explicó cómo en ocho meses, los magistrados "han exigido algunos puntos de honor", y cuando el congreso los aprueba, "se levantan y dan un portazo".
Velasco recordó que en el primer debate de la reforma, el año pasado, el Consejo de Estado se opuso a que se estableciera que la Corte Constitucional fuera el tribunal de cierre en materia constitucional. "Nos pidieron que si retirábamos eso, apoyarían la propuesta del Gobierno para la descongestión judicial", que es habilitando abogados particulares y notarios para hacerlo. Cuando se aceptó esa exigencia, recuerda Velasco, el Consejo de Estado anunció que se retiraba de la reforma, con lo que incumplió ese primer acuerdo.
"Luego exigieron el juicio político para funcionarios aforados. La ponencia para sexto debate incluyó esa exigencia y resulta que la respuesta es ahora nos volvemos a retirar. Eso no es serio", dijo Velasco.
Según el comunicado, expedido este miércoles, el Consejo de Estado considera que el pliego de modificaciones "sigue vulnerando la autonomía e independencia de la rama"-
Velasco sacó la ponencia y le respondió al Consejo de Estado. "¿Autonomía de la rama? Le quitamos el origen del diciplinamiento de los jueces al poder Ejecutivo y se lo entregamos al Consejo de Estado. ¿Autonomía de la Rama? Si creamos un Consejo Superior que traza políticas judiciales y en donde solo tienen voto los presidentes de las Cortes. La administración de la rama judicial la entregamos a un gerente elegido por los presidentes de las altas cortes. Garantizamos un presupuesto independiente para la rama y además con rango constitucional. Yo pregunto: ¿Eso no es autonomía para la rama judicial?".
Con ese ambiente comenzó el sexto debate de la reforma en la plenaria del Senado. El ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, interlocutor del Gobierno en el debate, no quiso hacer ningún comentario frente a la decisión del Consejo de Estado. Se puso su dedo índice en los labios.
La sensación es que, de forma definitiva, la reforma a la justicia podrá ser aprobada sin el acompañamiento de las altas Cortes.
PROCURADURÍA OBJETÓ DICTAMEN DEL CTI SOBRE TESTIGO DEL PALACIO DE JUSTICIA
Por los hechos del Palacio de Justicia, Plazas Vega fue condenado en segunda instancia a 30 años de prisión.
El Ministerio Público considera que hubo fallas en el análisis grafológico realizado por el CTI que determinó que no hubo suplantación de testigo.
La Procuraduría General de la Nación objetó por “errores graves” el dictamen grafológico del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía sobre la firma de Édgar Villamizar, testigo en el caso del Palacio de Justicia.
Según el estudio de un perito del CTI, hubo correspondencia manuscritural entre las firmas analizadas, según lo cual se descarta una presunta suplantación del testigo, considerado clave en el caso.
No obstante, el Ministerio Público objetó el dictamen por tres aspectos: por vicio de legalidad, porque el documento analizado es “desconocido por los sujetos procesales”.
También por “insuficiente análisis”, pues no se examinó “todo el material obrante”. Y por último, por “fragilidad de los fundamentos técnicos”, pues, según la entidad, el análisis “fue generalizado y no avanzó al detalle”.
Para la Procuraduría, las fallas “imponen la necesidad de un nuevo peritaje”.
El análisis había sido ordenado por un juez de Bogotá para descartar que el cabo en retiro Édgar Villamizar, testigo en el caso del Palacio de Justicia, hubiera sido suplantado ante la Fiscalía, tal y como lo indicó él mismo en febrero pasado.
El testimonio de Villamizar, entregado a la Fiscalía en el 2007, da cuenta de que el 7 de noviembre de 1985 alguien le preguntó al coronel Plazas qué hacían con las personas que estaban vivas, a lo que respondió: “Cuelguen a esos hijueputas”.
En abril pasado, el Ministerio Público también se había pronunciado sobre el caso del Palacio de Justicia, cuando pidió la absolución de Plazas Vega.
Por los hechos del Palacio de Justicia el 6 y el 7 de noviembre de 1985, Plazas Vega fue condenado por el Tribunal Superior de Bogotá, en segunda instancia, a pagar 30 años de prisión.
El fallo, que generó una ardua polémica, encontró al coronel (r) Plazas Vega responsable por la desaparición forzada de dos víctimas y determinó otras medidas, como ordenar a las Fuerzas Militares pedir perdón en un acto público.
La determinación judicial fue objeto de demanda de casación por parte la Procuraduría y de la defensa.
CMI
LA REBELIÓN DEL CONSEJO DE ESTADO CONTRA SU MAGISTRADO PRESIDENTE FUE MUCHÍSIMO MÁS GRAVE...
A propósito del magistrado Marco Antonio Velilla...
Anoche estuvo a punto de provocar con su compañero de sala Mauricio Farjardo una crisis de proporciones en el Consejo de Estado.
Para que vean la dimensión de la que se armó, la sesión duró doce horas continuas... doce horas. Así de polémico y controversial fue el tema que plantearon los dos magistrados, quienes, en esencia, desautorizaron el acuerdo al que llegó el presidente del Consejo de Estado, Gustavo Gómez, sobre la reforma a la justicia. La declaración expedida hoy por el Consejo de Estado se aparta del acuerdo y anuncia que «no están dadas las condiciones para seguir dando curso a una modificación de la constitución que, de aprobarse en los términos de dicha ponencia, resultaría contraria a los objetivos del estado social de derecho».
Un agente 001 supo que durante la explosiva sesión de anoche quedó planteada la posibilidad de recurrir a instancias internacionales para pedir su intervención en Colombia contra la reforma.
RENUNCIA MAGISTRADA POR PRESUNTAS PRESIONES
La magistrada auxiliar Luz Elena Aranzeta, presentó renuncia irrevocable ante el Consejo Superior de la Judicatura, luego de conocidas las denuncias de la secretaria judicial Yira Lucía Olarte, en el sentido que Aranzeta habría recibido presiones por parte de la magistrada María Mercedes López.
Con las supuestas presiones se habría buscado que Luz Elena Aranzeta declarara en el proceso de la supuesta corrupción en el caso de falsificación de actas en el Consejo Superior de la Judicatura.
La Magistrada Aranzeta se encuentra a esta hora internada en una clínica por una falla cardiaca.
CARACOL RADIO
GOBIERNO Y ORGANISMOS DE CONTROL A RENDIR CUENTAS A LA CORTE CONSTITUCIONAL
La Corte Constitucional convocó para hoy, a una audiencia pública de rendición de cuentas en materia de salud, al gobierno y a los organismos de control con el fin de verificar el cumplimiento de las órdenes de la Sentencia T-760 de 2008 para la adopción de medidas para corregir las fallas de regulación detectadas por esta Corporación.
El objetivo es crear un espacio de reflexión público sobre las barreras y obstáculos que hoy en día afectan el flujo de recursos al interior del sistema de recobros, la sostenibilidad financiera del sistema y consecuencialmente el acceso efectivo a los servicios de salud que la población requiere.
La Corte a través de la sala conformada por los magistrados Mauricio González Cuervo, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y Jorge Iván Palacio Palacio, buscarán generar soluciones profundas, definitivas e integrales por parte de los órganos responsables de la regulación, frente a una problemática recurrente y estructural.
En esa medida, fueron citados para resolver los interrogantes formulados por esta Corporación: la Ministra de Salud, el Ministro de Hacienda, el Congreso de la República, el Procurador General, la Contralora General, el Fiscal General, el Defensor del Pueblo, entre otros.
Dentro de los temas a tratar se encuentran: insuficiencia en las fuentes de financiación del sistema, corrupción al interior del sistema de recobros, sobrecostos en precios de medicamentos recobrados, pago de recobros por servicios incluidos en el POS, falta de transparencia en los sistemas de información, para mencionar solo algunos.
CORTE CONSTITUCIONAL DICE QUE EL ESTADO NO LE HA OTORGADO LA DEBIDA IMPORTANCIA A LA SALUD Caracol | Mayo 10 de 2012
En la audiencia de rendición de cuentas sobre las garantías a los derechos de la salud, la Corte Constitucional se declaró preocupada ya que observa que para el Estado el tema no es importante y por tanto dicen que se puede hablar de un país enfermo.
"Causa inmensa preocupación el hecho de que los diferentes órganos estatales no comprendan aún los compromisos de un Estado Social de Derecho, como no otorgarle la debida importancia al derecho a la salud, situación que ha ocasionado que la sociedad colombiana se pueda catalogar hoy de enferma”, dijo el magistrado.
Dice la Corte que las directrices tomadas por los órganos legislativo y ejecutivo, sólo han constituido “incipientes esfuerzos”, al no tener mayor impacto en la salvaguarda pretendida, por lo que distan de superar la problemática del sistema.